Desde que se puso en marcha la nueva normativa de registro de viajeros en España, cada vez que alguien reserva un hotel o alquila un coche, sus datos personales pasan a formar parte de una base que, según muchos expertos, abre más dudas que certezas. En algunos casos, se recogen hasta 42 datos por persona: nombre, dirección, número de DNI, datos bancarios y hasta parentescos si se viaja con menores.

Sobre el papel, la idea busca reforzar la seguridad. Pero en la práctica, se está generando una enorme preocupación. ¿La razón? De todos los millones de registros recogidos en el último año, solo un 0,018 % estuvo vinculado a algún proceso judicial o investigación policial. El resto (la gran mayoría) entregó sus datos sin ningún motivo más que cumplir la ley.

Al mismo tiempo, los ciberataques en el sector turístico han aumentado un 70 % y la suplantación de identidad es una realidad creciente en Europa. El problema no es solo lo que se pide, sino cómo se guarda y durante cuánto tiempo: hasta tres años, y sin garantías claras de protección o anonimato.

Desde organizaciones como CEHAT, la alerta ya es pública. No se trata únicamente de privacidad: está en juego la confianza de los viajeros y la imagen internacional de España como destino seguro. De hecho, Bruselas ya ha empezado a estudiar la legalidad de esta medida a la luz del Reglamento General de Protección de Datos.

Y con todo esto sobre la mesa, la pregunta es inevitable: ¿de verdad compensa recopilar tanto si el 99,98 % de los viajeros no están implicados en nada? ¿Estamos entregando nuestra privacidad a cambio de una sensación de control?

No es una cuestión de estar a favor o en contra del control. Se trata de equilibrio. Y ahora mismo, muchos opinan que ese equilibrio no se está logrando.

La fuente: Agenttravel